México tiene razones para defender su soberanía de la injerencia extranjera. Pero también tiene razones para desconfiar de cualquier poder que pretenda utilizar la soberanía como argumento para reducir los contrapesos. La defensa de México frente al exterior debe ser proporcional a la defensa del ciudadano frente al Estado. La nación no se debilita cuando un periodista investiga. No se debilita cuando un opositor cuestiona. No se debilita cuando un juez exige pruebas. No se debilita cuando una persona con doble nacionalidad participa en la vida pública bajo reglas constitucionales. No se debilita cuando una fiscalía investiga a un senador. Al contrario. Ahí se fortalece.
La pregunta que México debe hacerse
¿Qué significa defender la soberanía nacional cuando la amenaza externa puede ser real, pero también puede convertirse en argumento para concentrar poder dentro de las fronteras?
Esa es la pregunta que conecta tres acontecimientos que, vistos por separado, parecen pertenecer a capítulos distintos de la política mexicana: la reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como causal de nulidad electoral; la iniciativa presidencial para impedir que personas con doble nacionalidad aspiren a la Presidencia o a una gubernatura sin renunciar previamente a la ciudadanía extranjera; y el regreso al Senado de Enrique Inzunza, después de que autoridades estadounidenses lo incluyeran en una acusación penal relacionada con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El documento de análisis de Noticias en Viceversa identifica precisamente esa interrelación: soberanía electoral, soberanía política y soberanía judicial aparecen como expresiones distintas de una misma preocupación del Estado mexicano. Pero una democracia no puede resolver el problema de la injerencia extranjera sacrificando aquello que pretende proteger. La soberanía pertenece al pueblo. No al gobierno. No al partido en el poder. No a una mayoría parlamentaria. No a una fiscalía. Y tampoco a una potencia extranjera. Ésa es la primera contradicción que debemos colocar sobre la mesa.
Soberanía sí, discrecionalidad no
La síntesis democrática no consiste en escoger entre soberanía y libertad. Consiste en defender ambas. México necesita capacidad jurídica para investigar y sancionar la intervención extranjera, pero también necesita reglas suficientemente precisas para evitar que esa legislación sea utilizada contra periodistas, investigadores, organizaciones civiles, candidatos opositores o ciudadanos que simplemente consumen información proveniente del exterior. La democracia no se blinda cerrando ventanas. Se blinda colocando vidrios resistentes.
¿La nacionalidad determina la lealtad?
La iniciativa presidencial presentada a finales de agosto lleva la discusión hacia otro terreno. La propuesta busca modificar los requisitos constitucionales para impedir que quienes tengan doble nacionalidad puedan aspirar a determinados cargos ejecutivos, particularmente la Presidencia de la República y las gubernaturas, salvo que renuncien a la nacionalidad extranjera en los términos planteados. La iniciativa fue presentada como una medida destinada a garantizar que quienes gobiernen México tengan una lealtad nacional exclusiva.
La paradoja de la proporcionalidad
La paradoja es evidente. Mientras la reforma electoral busca evitar que extranjeros decidan quién gobierna México, la iniciativa sobre doble nacionalidad podría terminar excluyendo de la competencia política a mexicanos precisamente por su relación jurídica con otro país. En un caso se intenta impedir que el extranjero decida. En el otro, se limita que un mexicano con ciudadanía extranjera pueda ser elegido. Ambas medidas parten de la misma preocupación. Pero producen consecuencias distintas.
El desafío jurídico consiste en determinar si la restricción es necesaria, proporcional y compatible con los derechos políticos. El derecho internacional de los derechos humanos exige que las limitaciones a la participación política tengan una justificación legítima y no sean arbitrarias. Por eso la discusión debe escapar del nacionalismo emocional y entrar en el terreno de la proporcionalidad.
El tercer espejo: Enrique Inzunza
El caso de Enrique Inzunza introduce una dimensión mucho más incómoda. El senador sinaloense regresó al Senado el 31 de agosto, después de más de cuatro meses de ausencia pública, y rechazó los señalamientos formulados en su contra por autoridades estadounidenses. También negó vínculos con el narcotráfico y rechazó la posibilidad de ser considerado un “narcolegislador”.
Pero aquí es indispensable una precisión periodística. No estamos ante una acusación inventada por redes sociales. El Departamento de Justicia estadounidense informó el 30 de abril que había sido desellada una acusación contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios actuales o anteriores de Sinaloa, a quienes imputó delitos relacionados con narcotráfico y armas., sin embargo, no ha presentado pruebas.
El documento judicial estadounidense contiene alegaciones específicas sobre la presunta colaboración de funcionarios con una facción del Cártel de Sinaloa. Eso no significa que Inzunza sea culpable. Significa que existe una acusación formal. La diferencia es fundamental.
La dialéctica de esta semana
Las tres noticias producen un movimiento dialéctico. Desde una dialéctica, México debe protegerse de la injerencia extranjera.Sin embargo, esa protección puede restringir derechos, ampliar facultades discrecionales o convertirse en un argumento de protección política. Por ello, México necesita defender su soberanía mediante instituciones fuertes, reglas precisas, transparencia, debido proceso, libertad de expresión y competencia democrática.
Ésa debería ser la posición de cualquier democracia constitucional. No se trata de elegir entre México y los derechos humanos. Los derechos humanos también forman parte de México. No se trata de elegir entre soberanía y cooperación internacional. La cooperación internacional también puede fortalecer la soberanía. No se trata de escoger entre investigar a un político mexicano o rechazar la presión estadounidense. Se trata de que las instituciones mexicanas investiguen con independencia y determinen responsabilidades mediante pruebas. No se trata de escoger entre mexicanos con una sola nacionalidad y mexicanos con doble nacionalidad. Se trata de definir, con criterios constitucionalmente válidos, qué requisitos son verdaderamente indispensables para ejercer determinados cargos.
El ciudadano como punto de llegada
Las tres noticias terminan afectando a la misma persona: el ciudadano. El votante que quiere saber si su elección será respetada. El mexicano que tiene doble nacionalidad y pregunta si seguirá teniendo derecho a participar plenamente en la vida política. El ciudadano sinaloense que exige saber si sus autoridades tienen vínculos con organizaciones criminales. El periodista que investiga. El empresario que observa las reglas del juego. El funcionario que debe responder por sus actos…
La democracia se mide justamente allí. No en la fuerza del discurso presidencial. No en la cantidad de votos parlamentarios. No en la retórica contra Washington. No en el número de acusaciones. Se mide en la capacidad institucional de procesar conflictos sin destruir los derechos que hacen posible resolverlos.
Ni subordinación ni blindaje político
La soberanía mexicana del siglo XXI no puede consistir en levantar muros jurídicos alrededor del poder. Debe consistir en construir instituciones capaces de resistir presiones externas sin convertirse en instrumentos de presión interna. Ésa es la diferencia entre soberanía y aislamiento. Entre seguridad y control. Entre justicia y persecución. Entre democracia y hegemonía. Y ése es, finalmente, el dilema que dejan estas tres noticias. México tiene derecho a decidir su destino. La pregunta verdaderamente importante es otra:
¿Qué instituciones garantizarán que ese destino siga siendo decidido por los ciudadanos y no por quienes, desde dentro o desde fuera, pretendan hablar en su nombre?
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