El 30 de junio de 2025, el Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de la Guardia Nacional, marcando su transición del mando civil a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 75 votos a favor y 32 en contra, la reforma fortalece el carácter militar de la Guardia Nacional, confiriendo atribuciones en inteligencia, operaciones encubiertas e incluso la posibilidad de que sus elementos se postulen a cargos de elección popular. Esta modificación representa el primer paso legislativo de la estrategia de seguridad nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y desata polémica sobre militarización, derechos civiles y eficacia en la lucha contra el crimen organizado.