Marcha México-Palestina en la Ciudad de México, el testimonio de la participante mexicana de la Flotilla Global Sumud y el llamado de la Embajadora Palestina convergen en una misma exigencia: que el sufrimiento palestino no quede reducido a una sucesión de declaraciones diplomáticas sin consecuencias.
México-Palestina: Responsabilidades Internacionales e interrelacionales
El Gobierno israelí debe responder por las decisiones de sus autoridades y por el cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Hamás debe responder por los crímenes que haya cometido. Las empresas deben evaluar su participación en actividades que puedan contribuir a abusos. Los gobiernos aliados deben explicar cómo sus decisiones de cooperación afectan la posibilidad de prevenir y sancionar violaciones. Y las instituciones multilaterales deben enfrentar las limitaciones que impiden convertir sus decisiones en protección efectiva.
El derecho internacional no pierde su validez porque los gobiernos incumplan sus obligaciones; lo que queda expuesto es la distancia entre la norma y su aplicación. Pero esa distancia no puede convertirse en una excusa para la inacción.
Desde México, la discusión sobre Palestina plantea una cuestión de fondo para la política exterior, la sociedad civil y la economía: si los derechos humanos son universales, su defensa no puede depender de la conveniencia geopolítica ni de la identidad de quien los vulnera.
La solidaridad adquiere mayor fuerza cuando se transforma en investigación, transparencia, protección humanitaria y exigencia de responsabilidades. Ese es el desafío que conecta las calles de la Ciudad de México con el futuro del derecho internacional.
¿Qué responsabilidad tiene México ante Israel y Palestina?
La posición mexicana no puede evaluarse exclusivamente por sus declaraciones diplomáticas. También debe analizarse por las medidas concretas que adopte en materia consular, comercial, multilateral y de derechos humanos.
México-Palestina: Peticiones de embajadora Nayda Rasheed
La petición de Nadya Rasheed, embajadora de Palestina en México plantea una ruta de actuación que podría incluir:
- Revisar las relaciones comerciales y las cadenas de suministro con riesgos documentados de contribuir a la ocupación o a violaciones graves de derechos humanos.
- Fortalecer la transparencia sobre inversiones, contratación pública y operaciones empresariales vinculadas con territorios ocupados.
- Mantener la protección consular de las personas mexicanas que participan en iniciativas humanitarias y exigir investigaciones cuando existan indicios de vulneraciones.
- Promover la aplicación coherente del derecho internacional en los foros multilaterales y la cooperación con los mecanismos judiciales competentes.
- Respaldar el acceso humanitario, la protección de civiles y una solución política que garantice los derechos del pueblo palestino y la seguridad de las poblaciones de la región.
Sin embargo, estas medidas deben aplicarse con fundamento jurídico, criterios públicos y evidencia verificable. La responsabilidad empresarial no se determina por la nacionalidad de una compañía, sino por sus actividades, sus impactos y su contribución concreta a los riesgos identificados.
La pregunta que enfrenta México es si su política exterior mantendrá una posición declarativa o si traducirá sus compromisos en decisiones que puedan evaluarse públicamente.
Genocidio en Palestina: Una contradicción internacional de “derechos” y “consecuencias”
La crisis de Palestina revela una fractura entre el reconocimiento formal de los derechos humanos y la capacidad de los Estados para garantizar su cumplimiento.
Por un lado, los organismos internacionales han documentado miles de víctimas, emitido decisiones, advertido sobre riesgos humanitarios y abierto procedimientos de responsabilidad. Por otro, la continuidad de los ataques, la destrucción de infraestructura civil y la precariedad de las condiciones de vida demuestran que esos mecanismos no han conseguido detener de manera sostenida el sufrimiento de la población.
La diferencia entre acción institucional y resultado humanitario es el núcleo de la crítica. Una resolución puede tener valor jurídico y político, pero pierde eficacia práctica si los gobiernos no cooperan, si las medidas no se ejecutan o si las alianzas estratégicas prevalecen sobre las obligaciones internacionales.
La impunidad, además, no se limita a la ausencia de condenas. También puede manifestarse cuando los Estados no investigan de manera adecuada, cuando se impide el acceso humanitario o cuando las empresas continúan obteniendo beneficios de actividades vinculadas con violaciones graves sin evaluar sus responsabilidades.
Por ello, la respuesta internacional requiere más que declaraciones: acceso humanitario sostenido, protección de civiles, cooperación con los tribunales, investigaciones independientes, cumplimiento de las decisiones judiciales y medidas económicas proporcionales a la evidencia y al derecho aplicable.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ): decisiones jurídicas sin fuerza ejecutiva suficiente
La crítica a la respuesta internacional debe comenzar por una precisión: no es correcto afirmar que la ONU y sus organismos no han hecho nada. Han emitido resoluciones, publicado informes, impulsado investigaciones y desarrollado procedimientos judiciales. El problema es la distancia entre esas actuaciones y su capacidad para impedir nuevas muertes.
El 19 de julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de las políticas y prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental. La Corte concluyó que la presencia continuada de Israel en ese territorio es ilegal y señaló obligaciones para Israel y para otros Estados.
La opinión también abordó la situación de Gaza y estableció que la retirada militar israelí de 2005 no había eliminado todas las obligaciones derivadas del derecho de ocupación, en la medida en que Israel seguía ejerciendo elementos fundamentales de control.
Procedimiento de Sudáfrica contra Israel por Delitos de Genocidio
En El procedimiento distinto e iniciado por Sudáfrica contra Israel, al amparo de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la CIJ dictó medidas provisionales para proteger derechos que consideró plausibles y prevenir actos prohibidos por la Convención. Es importante precisar que esas medidas no equivalen, por sí mismas, a una sentencia definitiva que establezca la responsabilidad de Israel por genocidio.
A septiembre de 2026, el procedimiento seguía abierto. La Corte había fijado plazos procesales adicionales y continuaba examinando el caso.
Netanyahu: poder político, responsabilidad y acusaciones de corrupción
Benjamín Netanyahu ocupa una posición central en el debate sobre la conducción política y militar de Israel. Sus sucesivos gobiernos han mantenido una estrategia de seguridad basada en el uso de la fuerza, mientras persisten la ocupación, el conflicto con los palestinos y las disputas sobre el futuro de Gaza.
La palabra dictadura exige una precisión. Israel mantiene instituciones electorales, una oposición política y mecanismos judiciales, aunque la concentración de poder, las controversias sobre la independencia judicial y las decisiones del Ejecutivo han generado críticas sobre el deterioro democrático. Por eso, para un análisis periodístico riguroso resulta más exacto examinar los rasgos autoritarios atribuidos a determinadas decisiones de Netanyahu que describir, sin matices, todo el sistema político israelí como una dictadura consolidada.
El primer ministro también enfrenta un proceso penal por presunta corrupción en Israel. Los casos conocidos como 1000, 2000 y 4000 comprenden acusaciones relacionadas, entre otros aspectos, con regalos de alto valor, negociaciones con propietarios de medios y presuntos beneficios regulatorios a cambio de cobertura favorable. Netanyahu ha rechazado las acusaciones.
Estas imputaciones deben describirse como tales, mientras no exista una sentencia definitiva que establezca su responsabilidad penal. Sin embargo, su relevancia política es indiscutible: plantean preguntas sobre la integridad de quien ejerce el poder, los conflictos de interés y el efecto que las crisis de seguridad pueden tener sobre la rendición de cuentas.
Marcha México-Palestina: La responsabilidad de Netanyahu en el ataque de Hamás
A ello se suma la exigencia de sectores de la sociedad israelí de investigar los fallos de seguridad que permitieron los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Tres años después de aquellos acontecimientos, familiares de víctimas y sobrevivientes continuaban reclamando responsabilidades políticas, mientras Netanyahu rechazaba asumir personalmente la responsabilidad por los fallos previos al ataque. Incluso ahora que se acercan las elecciones internas de Israel para el 27 de octubre del 2026.
Mientras que altos mandos militares —como el jefe del Estado Mayor Herzi Halevi— y los jefes de inteligencia interior (Shin Bet) han asumido sus errores y presentado sus dimisiones, Netanyahu rechaza categóricamente cualquier responsabilidad personal directa.
Grupos civiles como The October Council organizan manifestaciones masivas (como la “Marcha de la Vergüenza”) desde la residencia privada de Netanyahu en Cesarea hasta el Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Las familias de los asesinados y secuestrados irrumpen frecuentemente en eventos oficiales para recriminarle directamente el desamparo de sus hijos aquel día.
¿Y los Mecanismos contra nuevas violaciones en Palestina?
El análisis de los datos, las decisiones judiciales y las relaciones económicas permite superar una discusión basada únicamente en consignas. La magnitud de las más de 80 mil muertes, la persistencia del desplazamiento en los territorios Palestinos y las dificultades para garantizar la ayuda humanitaria, obligan a preguntar quién puede actuar, qué obligaciones tiene y qué mecanismos deben emplearse para impedir nuevas violaciones.
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