La situación de personas desaparecidas en México ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciándose en el reciente hallazgo de una “narcofosa en Teuchitlán, Jalisco”, donde se encontraron más de 400 rastros de posibles personas desaparecidas. Este acontecimiento, reportado por Viceversa, es solo uno de los muchos episodios que evidencian la crisis de la desaparición forzada en el país, en medio de un contexto marcado por el crimen organizado, la impunidad y la falta de respuesta estatal. El 85.7% de los casos se dieron desde el año 2007.
Personas desaparecidas en México
Desde 1952, México ha registrado 352 mil 013 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, gestionado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta este 15 de marzo del 2025, hay 124 mil 265 casos sin resolver. Este panorama, que también abarca casos de desaparecidas en México por represión política y violencia, se ve agravado por la falta de confianza de las familias, la ausencia de denuncias completas y la poca fiabilidad de las bases de datos estatales.
La reciente narcofosa en Teuchitlán, Jalisco, resalta la utilización de la periferia como zona sin ley, donde el crimen organizado opera impunemente, replicando patrones que se remontan al sexenio del presidente Felipe Calderón. Durante ese periodo, la desaparición forzada y el tráfico de drogas —especialmente en el contexto del consumo de fentanilo en Estados Unidos— se consolidaron en el país. En este análisis se contrastan la visión criminalista del sistema capitalista, el consumo de drogas y las dinámicas del crimen organizado que alimentan esta trágica realidad, evidenciando cómo se utiliza a México como proveedor de capitales ilícitos para satisfacer mercados externos.
Contexto y orígenes de la crisis de personas desaparecidas
Un legado de impunidad y violencia
La crisis de personas desaparecidas en México tiene raíces profundas. Los casos sin resolver incluyen víctimas de represión política de los años sesenta a ochenta y episodios de violencia acentuada desde la adopción de la Estrategia de Seguridad en 2006. En algunas regiones, el periodo con más desapariciones se concentró entre 2009 y 2013, mientras que en otras la tasa se ha mantenido constante. La inmediatez con que algunas familias denuncian estos hechos contrasta con la demora o la total ausencia de denuncia en otros casos, por motivos de seguridad o por falta de información por parte del Estado.
El hallazgo de la narcofosa en Teuchitlán, Jalisco
El reciente descubrimiento en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron más de 400 rastros de personas desaparecidas, es un claro indicativo de la magnitud de la crisis. Este hallazgo no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de desaparición forzada que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio mexicano, a menudo en zonas de alta conflictividad y donde el crimen organizado se aprovecha de la ausencia de una efectiva supervisión estatal. Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México concentran el 34% de casos de personas desaparecidas y no localizadas: casi 42 mil casos.
Factores que agravan la crisis de personas desaparecidas en México
Desde el papel del crimen organizado, la influencia del consumo de drogas y la crisis de fentanilo en Estados Unidos, el país que más drogas consume en el mundo, así como la falta de instituciones forenses robustas que se dediquen profesionalmente a la búsqueda de personas desaparecidas, así como la falta de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables, los familiares y amigos de los desaparecidos seguirán gritando que “México no es un país, es una fosa”. A continuación podemos profundizar más en dichos factores.
El papel del crimen organizado
El crimen organizado ha consolidado su poder en zonas de la periferia de la sociedad mexicana, utilizando zonas sin ley para llevar a cabo operaciones de secuestro, desaparición forzada y tráfico ilícito. La “narcofosa” descubierta en Teuchitlán, Jalisco, es un ejemplo claro de cómo estas redes criminales operan impunemente para ocultar evidencia de sus actos y evadir la justicia. La utilización de estas áreas, como el “Rancho Izaguirre”, permite que se oculten restos y se perpetúe un sistema de violencia y represión que afecta directamente a las personas desaparecidas. Otro ejemplo es el caso del Edomex: la periferia de la CDMX y donde se acumulan más de 13 mil casos de desaparecidos.
Influencia del consumo de drogas y la crisis de fentanilo
Desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, el auge del crimen organizado se ha visto estrechamente vinculado al creciente consumo de drogas, especialmente fentanilo, en Estados Unidos. Este fenómeno ha impulsado a grupos criminales a utilizar territorios mexicanos como centros de reclutamiento y producción, exacerbando la crisis de personas desaparecidas. El flujo de drogas y el dinero que circula en este mercado han permitido que el crimen organizado se fortalezca, dejando a las familias y a los derechos humanos en un estado de vulnerabilidad constante. Esto sin mencionar el mercado negro de tráfico de órganos o sexual.
Falta de instituciones forenses robustas
Otro factor crítico es la ausencia de un “Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses” que centralice y profesionalice la investigación de los casos de desaparecidas en México. La creación de dicha institución es urgente para mejorar la capacidad de exhumación, análisis de restos y la identificación de las personas desaparecidas. Sin estos recursos, las investigaciones se ven obstaculizadas y la impunidad se perpetúa, dejando a miles de víctimas en el limbo de la incertidumbre. De esta forma el Estado es libre de violentar a grupos de la Sociedad Civil, como son las Madres Buscadoras que proliferan en todo el país, así como a grupos de defensores de Derechos Humanos.
Fallas en el sistema estatal
El Estado mexicano ha sido acusado de omisión, ocultamiento y complicidad en estos crímenes. Casos como el de Teuchitlán, Jalisco, evidencian una falta de voluntad política para investigar y sancionar a los responsables. La indiferencia estatal no solo alimenta la impunidad, sino que también refuerza la percepción de que las personas desaparecidas son meramente cifras en un sistema que no valora la vida humana. Por ello, la fotografía de la exigencia de justicia hacia la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha vuelto tan viral en redes sociales y ha sido retomada por diferentes medios de comunicación. Aunque en cualquier momento este tema puede volverse partidista y caer en la “comentocracia”.
Crisis de personas desaparecidas: explotación de sectores marginados
Desde una perspectiva crítica, la crisis de personas desaparecidas en México puede entenderse como el resultado de contradicciones inherentes al sistema capitalista. Por un lado, el crimen organizado se nutre de mercados ilícitos impulsados por la demanda de drogas en Estados Unidos, mientras que, por otro, el Estado utiliza su poder centralizado para reprimir y, a la vez, permitir estos hechos. La utilización de la periferia como zona sin ley se configura como una estrategia que permite la explotación de sectores marginados, donde la desaparición forzada se convierte en una herramienta para la consolidación del poder criminal.
¿Y la descentralización del Estado?
La crítica a la visión criminalista del sistema capitalista revela que, en este contexto, la violencia y la impunidad no son meros fallos aislados, sino síntomas de una estructura que reproduce desigualdades históricas. Las cifras son alarmantes: más del 124 mil casos denunciados, sin resolver y que podrían ser mucho mayores al considerar la falta de denuncias. Este escenario refleja una crisis de derechos humanos que demanda una verdadera transformación profunda del sistema. Aquí es donde se cuestiona la única promesa sin cumplir del presidente Andrés Manuel López Obrador: ¿Y la descentralización del Estado?
Personas desaparecidas en México
La crisis de personas desaparecidas en México es un fenómeno complejo y multidimensional que revela las profundas contradicciones del sistema actual. El hallazgo de una narcofosa en Teuchitlán, Jalisco, con más de 400 rastros de personas desaparecidas, revive casos que no han sido superados tras “el cambio de fuerza política en el poder” y evidencia la urgencia de una intervención estatal decidida, así como la necesidad de crear instituciones forenses robustas. Este análisis pone en relieve cómo el crimen organizado, impulsado por el consumo de drogas en Estados Unidos y por la falta de autoridad municipal y estatal, utiliza la periferia como zona sin ley para perpetuar actos de desaparición forzada.
Para que se logre un cambio real, es indispensable que el Estado mexicano adopte medidas que garanticen la protección de los derechos humanos, la transparencia en la investigación de los casos y la rendición de cuentas de los responsables. La creación de un Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses se presenta como una prioridad ineludible, que podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad.
Es imperativo que la sociedad mexicana, a través de movimientos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos, siga presionando para que se haga justicia y se reconozca la dignidad de todas las personas desaparecidas. Solo mediante un enfoque integral y coordinado se podrá enfrentar esta grave crisis y garantizar que nunca más se repitan estos crímenes de lesa humanidad.
¿Cómo contribuye el crimen organizado a la desaparición forzada en México?
El crimen organizado utiliza zonas sin ley en la periferia para llevar a cabo secuestros y desapariciones forzadas, aprovechando la demanda de drogas y la falta de intervención estatal, lo que agrava la crisis de personas desaparecidas.
¿Qué medidas urgentes se proponen para enfrentar esta crisis?
Se exige la creación de un Instituto Nacional Autónomo en Ciencias Forenses para mejorar la investigación y exhumación de restos, así como la implementación de políticas públicas inclusivas que aseguren la rendición de cuentas y protejan los derechos humanos de las víctimas de desaparición forzada.
¿Qué factores han contribuido a la situación en Teuchitlán, Jalisco?
La debilidad institucional, la explotación de zonas periféricas y la marginalización económica han permitido que el crimen organizado utilice áreas como Teuchitlán para llevar a cabo secuestros y desapariciones forzadas.
