La detención de Iván N., alias “El Mantecas”, presunto líder de una facción del Cártel de los Beltrán Leyva en Sinaloa, representa un golpe importante contra la criminalidad organizada, pero también revela las contradicciones estructurales en la estrategia de seguridad y el largo camino hacia la paz y justicia para las comunidades mexicanas.
A pesar de captura de “El Mantecas” el Estado enfrenta dificultades de seguridad
La lucha contra el crimen organizado en México ha sido históricamente una tarea compleja marcada por violencia, fragmentación de cárteles y un Estado que, pese a sus esfuerzos, ha enfrentado serias dificultades para consolidar seguridad duradera. La captura de “El Mantecas” es un hecho significativo porque implica desarticular una estructura armada con poder territorial en zonas serranas —tradicionales bastiones del narcotráfico en Sinaloa— y evidencia la capacidad operativa del Estado.

Sin embargo, desde una óptica dialéctica, esta acción policial se inserta en una contradicción más amplia:
- Por un lado, el logro institucional de detener a un cabecilla, lo que puede reducir temporalmente la violencia en zonas específicas.
- Por otro, la estructura profunda de desigualdad, falta de oportunidades económicas y tejido social fracturado que alimenta la reproducción de grupos armados.
Históricamente, Sinaloa ha sido escenario de dinámicas violentas donde, tras la caída de un líder, emergen múltiples células que intentan ocupar los espacios de poder. Esta lógica socava la eficacia de la estrategia represiva si no va acompañada de políticas sociales integrales que atiendan las causas económicas y educativas que intensifican la adhesión al crimen organizado.
Detención de “El Mantecas” no garantiza desarticulación
Cuando se cae un árbol grande, la raíz sigue ahí y más brotes pueden crecer. De igual manera, detener a un jefe criminal no garantiza la desaparición de la red si no se actúa sobre las raíces: pobreza, falta de empleo, corrupción e impunidad.
Captura de “El Mantecas” no es un golpe integral
Invertir en educación, empleo juvenil, desarrollo rural y justicia comunitaria puede complementarse con inteligencia policial para transformar de fondo las zonas históricamente golpeadas por la violencia.

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