El 30 de junio de 2025, el Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de la Guardia Nacional, marcando su transición del mando civil a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 75 votos a favor y 32 en contra, la reforma fortalece el carácter militar de la Guardia Nacional, confiriendo atribuciones en inteligencia, operaciones encubiertas e incluso la posibilidad de que sus elementos se postulen a cargos de elección popular. Esta modificación representa el primer paso legislativo de la estrategia de seguridad nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y desata polémica sobre militarización, derechos civiles y eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
Contexto y marco legal de la Guardia Nacional
Creada en marzo de 2019 como fuerza de seguridad “civil con formación policial”, la Guardia Nacional asumió tareas temporales ante el fortalecimiento del crimen organizado, con dependencia administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y adiestramiento militar. Sin embargo, esta reforma constitucional le otorgó vida legal permanente bajo mando militar, con el traspaso definitivo a la Sedena en septiembre de 2024. La ley ahora consolidada abroga el mando civil y la asume un General de División nombrado por el Presidente a propuesta de la Sedena.
Mando militar y estructura operativa de Guardia Nacional
La nueva ley asigna a la Sedena la responsabilidad de organizar, equipar, entrenar y dirigir a la Guardia Nacional. Además, un General de División será comandante. Los elementos de la GN estarán adscritos a la jurisdicción militar en aspectos disciplinarios y formativos, homologando su estructura de mando a la del Ejército y Fuerza Aérea, desde soldado hasta general.
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Facultades ampliadas: inteligencia, comunicaciones y operaciones encubiertas
La ley otorga funciones de vigilancia, inteligencia e investigación para la prevención y persecución de delitos, con capacidad para realizar operaciones encubiertas, intervenciones judiciales a comunicaciones y recabar información en sitios públicos, tras autorización judicial en algunos casos. Se habilita la colaboración con el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública y acceso a bases de datos nacionales.
Alcance federal y coordinación con otros niveles de gobierno
La Guardia Nacional tendrá atribuciones en seguridad pública, defensa exterior, control de vuelos migratorios y resguardo de instalaciones federales, según la ley. Podrá firmar convenios de coordinación con estados y municipios para apoyo en seguridad local, bajo condiciones de capacitación y presupuesto que estos ofrezcan.
Debates y oposición parlamentaria
Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre una militarización encubierta sin contrapesos civiles. El senador Enrique Vargas recordó que la GN fue concebida originalmente como civil y advirtió que su militarización no garantiza paz. La senadora Karla Toledo acusó al oficialismo de promover una “dictadura legal”, y Clemente Castañeda (MC) afirmó que se está renunciando al mando civil. En respuesta, legisladores de Morena consideraron justificado el refuerzo militar tras diciendo que “se debió haber hecho desde el principio” y que la oposición carecía de sustento técnico.
El paquete de seguridad complementario
La Ley de la Guardia Nacional forma parte de un paquete legislativo mayor aprobado en la primera semana de julio 2025, que incluye las leyes de Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia. Juntas, habilitan el acceso directo sin orden judicial a bases de datos de telecomunicaciones y biométricos. Esto ha sido criticado por amplios sectores por su potencial para habilitar un Estado vigilante.
Justificación del gobierno para nueva ley de la Guardia Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma durante una ceremonia en Campo Marte, coincidiendo con el sexto aniversario del cuerpo. Sustentó la necesidad de una fuerza permanente, profesional y con mando militar para atender la violencia que el pasado no resolvió. El secretario Omar García Harfuch recibió el respaldo de la ley como parte del sistema integral de seguridad que impulsa su administración.
Riesgos y retos de la nueva Ley de la Guardia Nacional
- Militarización permanente: riesgo de debilitar instituciones policiales civiles e incrementar violaciones a derechos humanos.
- Déficit de vigilancia ciudadana: falta de mecanismos de contrapeso civil, auditorías externas y control parlamentario.
- Uso excesivo del poder de inteligencia: preocupación por acceso sin restricciones a datos sensibles y capacidad de intervención masiva.
- Legislación incompleta: aún deben armonizarse leyes secundarias; la convocatoria de un paquete acelerado ha sido criticada por falta de consulta ciudadana.
Guardia Nacional: de Civil a Militarizada con opción electoral
La nueva Ley de la Guardia Nacional representa un punto de inflexión en la seguridad pública mexicana. Transforma radicalmente una institución iniciada bajo mandato civil, consolidándola como fuerza militarizada con amplias facultades de inteligencia y mando operativo en Sedena. Su aprobación responde a la urgencia por enfrentar los altos niveles de violencia, pero abre un debate sobre la militarización del Estado, los riesgos para los derechos civiles y la consolidación de un modelo de seguridad de perfil militar que podría consolidarse a mediano plazo.
El reto inmediato será revisar los mecanismos de rendición de cuentas, dotar a las instituciones civiles de mayor capacidad, regular el uso de datos personales y garantizar que la Guardia Nacional opere con estricto apego al marco constitucional, con supervisión pública y judicial efectiva.
¿Por qué es relevante el traslado de la Guardia Nacional a Sedena?
Este cambio revierte la concepción civil original del cuerpo, integrándola plenamente en el ámbito militar. El mando, disciplina, capacitación y jurisdicción judicial serán marcadamente castrenses, lo que redefine su naturaleza institucional.
¿Qué poderes de inteligencia adquiere la Guardia Nacional?
Podrá realizar operaciones encubiertas, recabar datos en espacios públicos y entablar comunicaciones, además de acceder a bases de datos biométricas y de telecomunicaciones, algunas sin requerir orden judicial, como parte de la estrategia preventiva.
¿Cuáles son los mayores riesgos de esta reforma?
Los críticos alertan sobre falta de contrapesos civiles, potencial militarización excesiva de la seguridad pública, vigilancia sin control y erosión de los derechos fundamentales. El uso de inteligencia sin regulación adecuada podría traducirse en espionaje político o discriminatorio.
